Conclusiones regionales
Las políticas públicas en materia de salud implementadas en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Perú durante la emergencia sanitaria mundial están obstruyendo el acceso al tratamiento antirretroviral (ARV), vulnerando así los acuerdos internacionales que han firmado para combatir al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y a las propias constituciones en las que se reconoce el derecho a la salud y a la vida de todas las personas.
La inmunosupresión por VIH no debería ser un factor de riesgo añadido a los pacientes con covid-19. Pero para que esto ocurra, la persona seropositiva debería de encontrarse en estado de indetectabilidad y ser intransmisible, es decir, que su carga viral sea tan baja que resulte imposible detectarla con una prueba rápida. No obstante, estos factores sólo ocurren cuando la adhesión y acceso al medicamento ARV ha sido constante, asunto que frente a la pandemia ha sido imposible de sostener para los sistemas de salud.
Con el combate a la covid-19 los gobiernos han cambiado de prioridades. Las unidades de virología han dejado de atender a pacientes seropositivos para centrarse en la covid, los paquetes de ARV ahora llegan con menos medicamentos, lo que provoca que se tenga que visitar con más frecuencia el centro médico, y en muchos casos se reporta desabasto. Las consecuencias en todos los países son las mismas: incremento del mercado negro y de las redes de autoayuda.
En un momento en el que el mundo vive pendiente del crecimiento de las cifras de un virus no mortal, es importante recordar que el VIH también es una pandemia, que es tratable y que sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en la región.